PARTIDOS, LUCHAS, REIVINDICACIONES Y SUBVERSIÓN EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO

Ricardo Yarasca T.


Introducción
El tema del presente artículo hace referencia a los antecedentes de uno de los más graves problemas que ha afrontado nuestro país durante la década del 80 del siglo XX: La violencia política, constituido como uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad que tuvo como principales protagonistas al denominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Es abundante la literatura aparecida en estos últimos tiempos sobre el tema, pero no con el debido rigor científico ni la objetividad que requiere un análisis serio que permitan dilucidar las causas, esclarecer hechos y los motivos de los orígenes de tales levantamientos armados. La información más de las veces ha sido distorsionada, se han ocultado realidades recurriéndose a la más denotada condena a quienes han planteado un orden alterno al vigente o ha quienes han sido partícipes o protagonistas en el intento de buscar una sociedad diferente.
Es muy claro en este sentido, que la historia la han escrito siempre los vencedores. Cuando se producen los conflictos sociales el perdedor es erradicado y el vencedor siempre escribe, pues la oficialidad, siempre ha usado métodos de neutralización política y académica en el empeño de negar el examen crítico de la dinámica de las relaciones de poder y los conflictos derivados de la misma.
Una historia elaborada bajo la anterior premisa será siempre el resultado unilateral de los hechos.
Por lo general lo que no se toma en cuenta es, que la violencia social o política que irrumpió a inicios de los años 80 ha sido el resultado de un producto histórico, no surgió de un día para otro, pues los hechos demuestran que nuestra sociedad fue haciéndose progresivamente violenta cuando en el proceso de su formación, los elementos integrantes de ésta no lograron integrarse armónicamente; es decir cuando las relaciones étnicas, económicas, de clase, de espacios regionales y de estructuración del estado, no han fluido de manera continua. Si estas relaciones son consideradas como injustas por gran parte de la sociedad y vividas como formas de violencia que la estructura ejerce sobre ellos mismos, la aceptación y el consenso social resultan extremadamente precarios llegando a formar una sociedad estructuralmente violenta.
Es evidente hasta nuestros días que nuestro país sigue sufriendo graves problemas de unidad como nación y en su conformación como estado dependiente, afectando enormemente nuestras posibilidades de desarrollo. Dominación, corrupción en las cúpulas de poder estatal, marginación, concentración de la riqueza, pobreza generalizada en diversas zonas de nuestro país y la represión son algunos de los elementos más visibles de nuestra realidad.
Es muy importante en el análisis de temas como el de la violencia política la aclaración realizada por Nelson Manrique en el sentido de evitar formas sesgadas de interpretar tal fenómeno, el preguntarnos por las carencias de la sociedad peruana que hicieron suyas como denuncia los grupos levantados en armas. Éstos asumiendo acciones de guerra revolucionaria obedecieron a planes guiados por objetivos políticos definidos. En este sentido la violencia no es, pues, ni gratuita ni irracional ya que se sitúa en el contexto de los objetivos políticos concretos que se proponen alcanzar determinados grupos. [1]
Bajo esta premisa nuestro aporte se orienta a entender la naturaleza de la grave crisis social transformada en violencia en nuestro país lo que nos remite a volver sobre los antiguos problemas históricos que nuestra sociedad no ha resuelto.
No hay que olvidar que en 15 años de violencia política que vivió el país, las Fuerzas Armadas gozaron de una persistente impunidad de facto por falta de voluntad de los gobiernos de turno para asumir la tarea de subordinar a las instituciones armadas a la autoridad civil. Esta abdicación de la responsabilidad de los gobiernos permitió que innumerables masacres de campesinos, la represión sangrienta de motines carcelarios, miles de desaparecidos y asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares quedaran aun sin respuesta.
Al respecto, Hugo Zalazar de Alcazar comenta sobre aquellos momentos de violencia vividos, que la realidad parecía haber superado a la fantasía. “si usted sale a la calle sin un documento de identidad se convierte en un potencial candidato de detención. Los restaurantes, centros comerciales, oficinas, quintuplican sus medidas de seguridad. Las grandes mansiones residenciales doblan el alto de sus muros perimetrales y los coronan de vallas electrificadas y computarizadas. Hay quien ha llevado a la paranoia al extremo y ha minado su casa y edificio. Lima a la manera de la Colonia, se vuelve a amurallar y a proteger de si misma”[2]
Antes tales circunstancias vividas en el país el historiador Alberto Flores Galindo observó también el ambiente de intolerancia que tendió a dominar la escena intelectual de los años 80, señalando lo siguiente: “frente a un fenómeno como el senderismo no existe la posibilidad de estudiarlo o analizarlo, solo cabe la condena más rotunda, hasta bordear en el reclamo de la pena de muerte. Con unos o con otros. No hay término medio. La lógica del terror o de las zonas de emergencia traspuesta al mundo universitario. Si un autor no muestra que a lo menos escribe desde el poder, razonando como si fuera un miembro de las fuerzas armadas, o un sociólogo asimilado a la policía. Se vuelve un sospechoso”[3]. Similar explicación nos cometaria Wilfredo Kapsoli en una de sus clases de maestría en la UNMSM, hace unos años, sobre los motivos del giro en sus estudios sobre los temas de los movimientos campesinos en los momentos del conflicto armado.
Por otro lado la situación carcelaria de los presos políticos pasó a ser de las más condenables por las condiciones infrahumanas impuestas que parecieron ser pensadas para destruir a estas personas. Se aprobó un régimen carcelario durísimo aplicable sin ningún tipo de distingo o consideración. Esto como parte de una legislación antiterrorista calificada con las más severas del mundo según la Comisión Goldman. En una entrevista hecha a Pilar Coll sobre el tema señala por ejemplo la prohibición de televisión, radio o periódicos para los internos “se dice para que los terroristas no puedan celebrar sus éxitos” se constituía en un hecho inhumano, igualmente como lo de las 23 horas y media encerrados y solo media hora de patio; o que celdas de 3 por 3 tengan que ser compartidas por tres personas y refiriéndose al penal de máxima seguridad, al que conoció directamente, nos dice: “en Castro Castro, casi no se dispone de Luz: no está puesta en las celdas sino en los corredores y de manera alterna, de tal forma que si llega a una a la siguiente no. A partir de las 6 de la tarde ya no se puede hacer absolutamente nada. Esto es capaz de desestabilizar emocionalmente a cualquiera”.
Sobre las visitas a los presos políticos, indica Coll, fue excesivamente severo: “La media hora al mes de 2 familiares directos, se convierte en 20 minutos y se da en unas condiciones en las que es muy difícil la comunicación. Son normalmente 10 internos y 20 familiares hablando a la vez sin ningún tipo de separación entre el uno y el otro, con lo cual se entienden a gritos y con una distancia de medio metro entre las dos mallas, ni siquiera se llegan a ver bien las caras.” Entre otros aspectos carcelarios concluye Coll: “el régimen de alimentación es también deficiente. Básicamente reciben una comida al día e infusiones en la mañana, más dos o tres panes, y uno en la tarde. Los familiares pueden llevar comida pero una sola vez al mes. No hay medicinas y la atención es totalmente insuficiente. Alguien puede tener una orden médica de salida al hospital y pueden pasar varios meses sin que ocurra por falta de gasolina o custodios. El 12% de los internos de Castro Castro tiene tuberculosis. La gente menos implicada tiene más problemas de salud porque somatizan su situación, mientras que los convictos y confesos son mas resistentes porque se apoyan en su ideología”[4]
De la misma manera estudios realizados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos revelaron sobre acusaciones falsas a personas inocentes que tuvieron que purgar prisión por varios años, sin haber tenido ningún tipo de vinculación voluntaria con Sendero Luminoso o con el MRTA. En una publicación referida a personas inocentes que injustamente fueron acusadas de terrorismo indica: “sabemos quienes son, donde están, sus nombres, los de sus hijos, padres, hermanos, amigos, sus historias, como fueron detenidos, muchas veces presentados con trajes a rayas y torturados, enjuiciados por jueces sin rostro, tribunales militares, sin abogado, violentándose todas las garantías elementales de lo que la civilidad ha llamado juicio justo” añadiendo : “sabemos que son inocentes pero siguen presos. La mayoría ha cumplido un promedio de entre cinco años y siete años de injusta prisión… Todas víctimas del autoritarismo del régimen en el ejercicio de la función jurisdiccional, víctimas de esa tradición nacional de una justicia temerosa y sumisa frente al poder (económico y político) y envalentonada y abusiva frente al pobre, al débil”.[5]
Aunque resulte difícil de creer, estos abusos señalados además de las masacres y matanzas producidas durante todo el tiempo de la violencia política se produjeron durante los gobiernos “democráticos” de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) y de Alan García (19985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000)
Hoy más que nunca se hace necesario reconocer las experiencias históricas de las cuales se puedan extraer enseñanzas y así poder construir una visión integral de nuestra realidad sin que esto deje al margen nuestras acciones valorativas de reivindicación del socialismo y el marxismo como soportes de la construcción de proyectos alternativos al actual sistema capitalista.
En este sentido asumimos una opción reivindicativa con los sectores populares que aparecen como generadores de organización así como con sus sentimientos y objetivos, es decir con aquellos que no existen para la historia oficial.
La enseñanza de la historia debe buscar hacer recuperar el ejercicio de la comprensión que solo es posible cuando el pasado se incorpora estrechamente como experiencia colectiva del presente en que vivimos.
En esta primera parte se señalan aspectos más importantes sobre los orígenes, antecedentes del PCP y las luchas sociales y políticas de la época antes de la irrupción de la denominada Guerra Popular y/ o Violencia Política iniciada en los años 80.


EL PARTIDO COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL PROLETARIADO.
Para dilucidar la irrupción de los movimientos subversivos en el país en la década del 80 debemos remitirnos hacia un elemento de vital importancia como es el origen del Partido Comunista Peruano en 1928, fundación que precede a los grandes hechos de la década del 30 momentos que se vieron afectados por la gran crisis mundial y del imperialismo, tiempos de gran desocupación, de represión contra los trabajadores, de ilegalización y de grandes luchas del movimiento sindical. Una época muy dura para los obreros y campesinos del país.
El contexto económico social previo a la fundación del Partido Comunista está caracterizado la extensión de la propiedad monopólica en el agro, la minería y la industria urbana. Aparecen en la costa los obreros asalariados y en las áreas desocupadas por el capital monopólico los campesinos indígenas son sacados de sus comunidades y expuestos a una distinta relación social y cultural. Las bases económicas de los sectores dominantes se encontraban en comercio, la minería, la banca y la agricultura de exportación, lo cual fue en parte consecuencia del rol del nexo entre el país y el mercado externo, el Perú y los intereses imperialistas, tanto ingleses como norteamericanos.
En el caso de la minería, la extracción del cobre y de la plata implicó que cerca de una centena y media de mineras peruanas, fueran absorbidas por lo que fue la Cerro Cooper Corporartion controlado por capitales norteamericanos. Igual ocurrió con el petróleo. En el caso del azúcar lo mismo, dándose como resultado la transferencia de tierras de medianos y pequeños propietarios del valle del Chicama a tres grandes conglomerados industriales.
En el aspecto político se produce la caída de Leguía, el ascenso de Sánchez Cerro, y posteriormente la etapa transitoria que culmina con el gobierno de Benavides. Durante esta época existieron tres corrientes fundamentales en el seno del proletariado: la anarcosindicalista, la comunista y la aprista, la primera fue perdiendo fuerza durante la década y casi desaparece dentro del rol jugado por el movimiento obrero. Hay que reconocer que el anarcosindicalismo jugó un gran papel de 1918 a 1927; ella dio origen a las primeras huelgas, a la gran huelga de 1918, a la de 1919, a las jornadas de las 8 horas, la lucha por el abaratamiento de las subsistencias, y tuvo influencia en la formación de la Federación Obrera Peruana del año 1922 hasta 1927. Pero ya en este último año es la acción de José Carlos Mariátegui la que prevalece en el seno de movimiento obrero y la que desde ahí se esfuerza por dotar al proletariado de una conciencia de clase, por fijar los principios del sindicalismo clasista y sobre todo por darle una organización nacional que culmina con el surgimiento de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Para Mariátegui la conciencia de clase a la que hacía referencia, no debía traducirse “en declamaciones hueras y estrepitosas…”, sino debía traducirse “en solidaridad con todas las reivindicaciones fundamentales de la clase trabajadora. Señalando además que debía traducirse en disciplina. “No hay solidaridad sin disciplina. Ninguna obra humana es posible sin la mancomunidad llevada hasta el sacrificio de los hombres”[6]
Los estudios de Cesar A Guadalupe, señalan que de 1928 a 1930 el Partido fundado y conducido por José Carlos Mariátegui poseyó una gran iniciativa organizativa como política y cultural que le permitió desarrollarse y contribuir al desarrollo del movimiento social. Es decir, que el trabajo emprendido por Mariátegui hasta 1930 puede ser considerado como fundacional. Las preocupaciones estaban centradas en los objetivos políticos de largo plazo y, por lo tanto, la actividad apuntaba a la creación de instrumentos sólidos consistentes como el frente único, alternativa ante una realidad en que el movimiento clasista era muy limitado e incipiente. Para Mariátegui el frente único no significaba “la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en una sola doctrina, sino una acción contingente, concreta práctica”[7]
Es así que se puede percibir que todas las actividades del partido fundado por Mariátegui se veían enmarcadas en un discurso ideológicamente principista en la perspectiva de un objetivo político visualizado en el largo plazo. Las actividades fueron pacientes, se evitaban riesgos innecesarios y la propia existencia del partido y de la célula de los siete eran realidades clandestinas[8], pues ya para estos momentos el régimen denominado como el “oncenio” asume una conducta a la vez paternalista y represiva contra el proletariado, decidido hacer del Perú una “patria nueva” a través del despliegue de obras públicas, de articulación del espacio peruano a través de la construcción de caminos mediante la política de conscripción vial eufemismo que utilizaba la utilización compulsiva de mano de obra indígena, abriendo mercados y apelando a la masiva inyección de capitales norteamericanos.
En términos económicos, las exportaciones fueron dinámicas por el concurso del azúcar, del algodón (sembrados en áreas agrícolas, cada vez más grandes como consecuencia de la expansión de la frontera por políticas de irrigación), del cobre, del petróleo, y por el impulso derivado de masivas inversiones del capital norteamericano. Pero esta bonanza estuvo supeditada al desempeño del mercado y del capital internacional.
En cuanto a política exterior estadounidense, fue una etapa de intervención abierta a la política latinoamericana: la intervención de Santo Domingo, Haití, Nicaragua, la imposición de la enmienda Platt a Cuba. Tal como indica Carlos Malpica este tipo de política se le denominó “diplomacia del dollar”, o política del Big Stick” que traducción a nuestro idioma significa del “Gran Garrote”. Su más típico representante fue Theodore Roosevevelt del Partido Republicano.[9]
Es entre marzo y mayo de 1930 que las líneas de trabajo iniciadas por Mariátegui van dando un giro transformador. En reunión del Comité central organizador del Partido Socialista del Perú (01 y 04 de marzo de 1930) se designa a Eudocio Ravines Secretario General y se aprueba la filiación a la III Internacional, como resultado de esa reunión Luciano Castillo, decide renunciar como lo habían hecho antes F.L Chávez León, Teodomiro Sánchez entre otros miembros del Comité Central. En octubre del mismo año se da una ruptura transcendental para la historia del Partido Comunista del Perú: la implementación de la táctica clase contra clase, que entre otras cosas, significó el poner la meta final (traducida como república soviética) en el orden del día y desarrollar una política sectaria con evidentes desviaciones que contribuyeron decididamente al aislamiento político del PCP, en fin desviaciones de izquierda, con resultados de derecha en concreto.
La acción comunista de los años treinta se traduce también en una intensa actividad de agitación social y de articulación con el movimiento obrero, momento histórico en realidad óptimo desde el punto de vista de la situación social y de la crisis política del poder oligárquico, se pudo trabajar en función de concretar un esquema de insurgencia popular generalizada, pero no se hizo porque la concepción de clase contra clase y sus tácticas orientadas exclusivamente hacia la acción del sector obrero, le impedían una alianza con otros sectores antioligárquicos. Es decir que en lugar de plantearse una línea adecuada de formación de la alianza obrero campesina, se lanza a la clase obrera aislada al frente de combate, se la lanza sola, este error estaba a la base del planteamiento de la formación de los soviets a partir de la huelga minera, de ahí que la clase obrera sufriera en su dirección partidaria derrotas, con la ilegalización del Partido Comunista, la desorganización de la CGTP, las masacres en el centro, las persecuciones y detenciones. Esta represión estatal se dio casi de forma ininterrumpida y consagró sus propios métodos e instrumentos. Tales fueron los casos que el Presidente Samanez Ocampo decide inaugurar las deportaciones a Madre de Dios.
La Junta de Gobierno de Samanez Ocampo que transitoriamente asumió el gobierno despliega una política duramente represiva en los primeros meses de 1931. En marzo dicta el D.S. 7060, que declara el estado de sitio en Lima y Callao. El 28 de mayo da el D.S. 7166 por el cual declaraba que toda huelga producida en cualquier departamento conduciría automáticamente a la suspensión de las garantías constitucionales, en dicho departamento. Este Decreto se dicto a los pocos días de que se produjo una masacre en Cañete, cuando los obreros agrícolas de seis sindicatos fueron reprimidos con un saldo oficial de dos muertos. Al mismo tiempo se producían huelgas también y movimientos en el Cusco, Arequipa, Mollendo y Talara. La ola represiva provocó la inmediata movilización de rechazo por parte de obreros y estudiantes en Lima. La FEP realiza una movilización el 3 de junio, en la cual participaron obreros y estudiantes de manera conjunta. En el mitin, realizado en la plaza de armas habían obreros de Cañete, Talara, choferes y portuarios. Obviamente esta movilización fue duramente reprimida. Como saldo quedó la muerte del chofer José Luis Perla. Es necesario tener en cuenta la importancia del sector estudiantil en la década del 30 en que la Federación de Estudiantes estaba dirigida por miembros del PC o vinculados al PC, como Mario Samamé y el Médico Tomás Escajadillo.
Otra de las acciones de la mencionada Junta Transitoria de Gobierno, imponente para solucionar las demandas de los sectores sociales desfavorecidos, fue organizar el engaño que se conoció como “complot revolucionario” y el 11 de junio decreta el estado de sitio en toda la República y establece la Ley marcial señalando que las fuerzas armadas encargadas de resguardar el orden público durante la vigencia del estado de sitio podrán hacer el uso de sus armas para reprimir cualquier manifestación publica...” Al día siguiente se derogó dicho Decreto considerando que solo les bastaba con el estado de sitio.
Luego ya en el poder Sánchez Cerro, continuando con la represión, le corresponde la utilización del Artículo 53 de la Constitución (que proscribía a los partidos de organización internacional) y la promulgación de la Ley de Emergencia, que mantuvo su vigencia hasta 1945 afectando derechos y principios constitucionales, adicionándose la Ley 7491 de marzo de 1932 por la cual se estableció, con carácter retroactivo, la pena de muerte. Por su parte, poco después, el Gobierno de Benavidez sancionó la Ley de Defensa y Seguridad de la República (Ley 8505) estos mecanismos permitieron a los gobiernos contar con marcos legales para la persecución política y sindical, como para someter a los acusados a cortes marciales. Esta legislación represiva y las condiciones internas de orientación política al interior del Partido causaron grandes estragos para el creciente movimiento popular generado.
Para esos momentos las acciones encaminadas por de Ravines quien estaba a la cabeza del Partido, tuvieron una concepción totalmente extraña a la ideología marxista leninista, concordante sin duda, con el objetivo pequeño burgués, propio de su origen, en el fondo conservó la mentalidad aprista, pese a su alejamiento con ese partido. Es posible que tratara entonces de acomodar el desarrollo de los problemas políticos a sus propios deseos y a sus posiciones ventajistas, sin tomar en cuenta la realidad objetiva.
En opinión de César Lévano en una critica respecto al fiel internacionalismo proletario de Ravines contrario a Mariátegui, reconoce que fue fatal para el movimiento Comunista Peruano. Pues “su acción aventurera en Mal Paso en 1930, alejada de los niveles de conciencia y sentimiento de las masas, cedió al terreno de la eficacia política del Apra. El aprismo creo el diario “la tribuna”, mientras el PCP se refugiaba en “hoz y martillo”; Haya nucleó a los intelectuales jóvenes, en tanto que Ravines fustigaba a los “pequeñoburgueses” y encapsulaba a los cuadros obreros en un gheto marginal; el aprismo participó en las elecciones de 1931, en tanto el PCP lanzaba candidaturas puramente agitatorias[10]
Durante el gobierno de Oscar R Benavidez, en 1934 Ravines cayó preso, pero logró huir del hospital de Guadalupe y con ayuda extranjera, salió al exilio. La dirección del Partido pasó a manos de Julio Portocarrero y Nicolás Terreros.
De 1936 a 1942 la vida del partido no es legal o cosa que se el parezca, a pesar de lo cual contó con sus márgenes de acción poco mayores, que seguramente fueron más amplios para las acciones de apoyo al Prado como candidato oficial a la presidencia de la República quien al obtener el triunfo presidencial nombró a varios dirigentes comunistas en importantes posiciones durante su primer gobierno (1939-1945) Tal fueron los casos de Armando Bazán ubicado en la Secretaría del la Presidencia ; Esteban Pavletich como asesor, Juan P. Luna como Diputado por Lima quien laboró en una dirección de trabajo; Juan Barrios de Mendoza ocupó también un alto cargo.
En 1942 y el siguiente se pronuncian dos hechos importantes para el PCP: la separación de Eudocio Ravines del Partido (marzo de 1942) y la disolución de la Internacional Comunista (junio de 1943). En todo este periodo salen expulsados varios militantes como Martínez de la Torre, Portocarrero, Larrea, Navarro Madrid, Zerpa Armando Bazán[11]
Para cumplir con las leyes que excluían a los partidos políticos internacionales, el PCP, cambio oficialmente de nombre por el de Vanguardia Socialista del Perú en mayo de 1945, y con ese nombre apoyó la candidatura oficial de José Luis Bustamante y Rivero y obtuvo 5 de los 153 escaños de la Cámara de Diputados, pero ninguno de los 49 asientos del Senado.
Una vez en el poder Odría, instalado por golpe de estado, automáticamente declaró fuera de la ley al Partido Comunista y Aprista, más en las elecciones del 2 de julio de 1950, en las que Odría se presentó como candidato único, su triunfante lista de senadores por Lima incluyó al dirigente comunista Juan P. Luna. Su conducta dio suficientes razones para expulsarle del PCP. No quedaban dudas entonces sobre la colaboración de Luna a la reacción. En este periodo de reorganización, el PCP estuvo dirigido por Manuel Ugarte, elegido Secretario General en el III Congreso Nacional (agosto de 1948), aunque en realidad Jorge del Prado, Jorge Acosta y Barros seguían siendo los más influyentes miembros del Comité Central.[12] Nuevamente se tuvo que encarar una de las más duras arremetidas policiales, la intervención de los locales del partido, clausura de sus imprentas, apresamiento persecución y torturas, siendo deportados muchos de sus militantes a raíz de dación de una norma general de excepción denominada “Ley de Seguridad Interior de la República” (Decreto Ley 1104) destinada a juzgar “todos los casos de delincuencia político –social”.
La gama de delitos previstos en esa norma, señala Diego García Sayán, era extraordinariamente amplia. Iba desde “propalar noticias falsas” hasta “adherir a doctrinas foráneas”. El delito consumado merecía la misma calificación que el delito frustrado. Las penas para la mayor parte de los delitos allí previstos iban desde la multa hasta la expatriación, pero “… cuando se atentare contra la organización del estado y la paz interna de la república…” se podía aplicar la pena de muerte. El fuero competente era el fuero Militar y los procedimientos sumarios. Un aspecto crucial de dicha ley consistió en facultar al Ministerio de Gobierno y Policía (hoy Ministerio del Interior) a tomar las “disposiciones preventivas” destinadas a impedir que se cometan los delitos tipificados en dicha ley. Esas “disposiciones preventivas” que no requerían que el detenido pasase a disposición del juez, dieron lugar a un sin número de arbitrariedades cometidas por el poder central por medio de detenciones arbitrarias, allanamientos de domicilio, deportaciones de ciudadanos, etc.[13]
Respecto a las medidas impuestas por el gobierno represivas el poeta Leoncio Bueno rememora las leyes del gobierno del Presidente Benavidez con las cuales las cortes marciales aplicaron los famosos ‘500 días’ por el solo “delito” de ser militante o prestar adhesión ideológica a los partidos entonces fuera de la ley PCP y PAP. Un político o sindicalista procesado podía darse por bien servido si resultaba confinado en el penal el Sexto, la Cárcel Central o el Panóptico. “Pasar los 500 días en el Frontón le ponía la carne de gallina al más fogueado” [14]
Este cuerpo legal represivo se configuraba en el sustento de los cambios económicos y de las incipientes tendencias de tecnificación del capitalismo imperialista de base semicolonial y los primeros signos de crisis de los sectores precapitalistas en nuestra sociedad, lo que generó una progresiva liberación de la mano de obra que migraba desde el campo hacia las ciudades, formando un mercado de trabajo y de consumos urbanos, cada vez más importantes. Estas tendencias se intensificaron y aceleraron a partir de 1950, por la ampliación de la penetración imperialista y la correspondiente ampliación de la base exportadora del país, a favor del auge de las exportaciones minerales durante la guerra de Corea y con la implantación de la industria de harina de pescado inmediatamente después. Los mayores recursos que tenían a su disposición tanto la burguesía como el estado .permitieron la iniciación de rápidos cambios en el carácter de la dominación imperialista, por el establecimiento bajo de su control principal, de un aparato industrial urbano destinado básicamente a la producción industrial de sustitución de importaciones lo que permitió el logro de innegables pero desiguales mejoras económicas y sociales conduciendo a una creciente explosión demográfica.
Hacia el Año 1953 se produce otra grave crisis en al dirección del Partido Comunista Peruano y en este proceso de reestructuración algunos grupos se dirigieron hacia el troskismo, otros pasaron a apoyar a Odría, un tercer grupo se aproximo al PCP formando para el efecto el Movimiento Obrero Marxista Leninista (MOML). Otro brote fraccional estuvo dirigido por Virgilio Roel en el intento de formar la vanguardia marxista leninista quienes tuvieron la rotunda oposición de la dirigencia partidaria del PCP determinada en el XV pleno del Comité Central la que se confirma más adelante con la II Conferencia Nacional de 1960.
Ya para estos momentos Ferdinan Cuadros, Ernesto Moore Barionuevo, José Villalobos Ampuero y Saturnino Paredes dirigentes del PCP participan en a formación del Frente de Liberación Nacional (FLN) que al miso tiempo que el (FIR) se proponen orientar la acción revolucionaria.
En 1956 se inauguró lo que se conoce con el nombre de la “convivencia” régimen donde el partido Aprista se compromete en sostener el régimen democrático de Manuel Prado – vinculado a la oligarquía financiera – asumiendo una corresponsabilidad en la mantención de la estabilidad del sistema político a cambio de la legalidad y su incorporación a la vida política, después de largos años de clandestinidad. Fue en este año que determinados sectores democráticos y progresistas buscaron la unidad para apoyar a un Belaunde que fungía de progresista, contra las candidaturas oligárquicas de Prado y Lavalle. En 1962 la izquierda buscó un camino independiente; tan independiente que se presento a elecciones fraccionada en tres. La división y la debilidad de la izquierda trajeron como resultado un fracaso casi total.


EL FRACCIONAMIENTO DE LA IZQUIERDA PERUANA.
El movimiento comunista internacional había sido objeto de grandes transformaciones para ese entonces; la muerte de Stalin permitió que desde la Unión Soviética empezara a aflorar la “coexistencia pacífica”, como la vía de asumir las relaciones con EE.UU. en momentos que se consideraba en inferioridad militar, focalizando los conflictos sin llegar a una guerra abierta, pero trabajando a la vez en la suficiente acumulación de fuerzas. A su vez, China Popular planteaba una disputa del liderazgo dentro del movimiento.
A lo largo del decenio de 1960 hasta el golpe militar de 1968 se constituye en una etapa de ascenso de las luchas de las masas populares confrontadas a los efectos de sucesivas crisis económicas y el agotamiento del estado oligárquico, las huelgas de los trabajadores se volvieron más frecuentes, pero eran controladas y reprimidas mediante técnicas tales como la manipulación y soborno de los dirigentes sindicales o el envío de tropas. Las más severas de las represiones. Tan solo para dar un ejemplo en el sector minero ocurrió en 1963 cuando tropas del ejército ocuparon la Oroya, pueblo donde estaba situada la fundición de la minera Cerro de Pasco Cooper Corporation, apresando a todos los dirigentes sindicales. Cabe señalar que el progresivo avance de la organización sindical y política de trabajadores y la acumulación de experiencias de lucha fueron afirmando una mayor autonomía de clase del movimiento obrero y la quiebra de los políticos clientelistas, conciliadores y reformistas que dominaron en su seno, llevando al desplazamiento de la hegemonía aprista y al surgimiento de un movimiento clasista.
En el plano económico en esta década se empieza a adoptar otro modelo, esta vez de corte “estructuralista- cepalino” que pone énfasis en el desarrollo industrial interno con protección arancelaria (sustitución de importaciones) e incremento del rol del Estado, pero al privilegiar a la industria se sacrificó a la agricultura, y se descuidaron el déficit fiscal y el déficit externo. Nuestra subordinación al exterior continuó con crecientes requisitos de insumos, tecnología y financiamiento para una industria que crecía pero con carácter oligopólico y orientado a un mercado cautivo externo. La pobreza en el agro se acentuó, las migraciones a las ciudades aumentaron y empezó a surgir en forma masiva el subempleo urbano.
Es a fines de 1963 e inicios de 1964, que se produce otra grave ruptura en el interior del Partido Comunista Peruano, ésta afectaría a todo el desarrollo de la izquierda en el Perú precisamente en momentos que el movimiento social se encontraba en pleno ascenso y donde evidentemente la mayor parte de articulación, coordinación y conducción debió corresponder al Partido Comunista Peruano si se tienen en consideración que para estos momentos los cambios en la economía permitieron la revitalización del movimiento obrero especialmente en sus sectores nuevos y por la ampliación de la actividad minera, pesquera, así como en algunos núcleos de capas medias asalariadas, en especial a magisterio y bancarios.
Como se ha señalado, la pugna internacional entre china y la Unión soviética respecto de los contenidos y opciones del comunismo y su construcción revolucionaria repercutieron notablemente en el interior del comunismo peruano que se encontraba demasiado vinculado a las decisiones de afuera, y lo que produjo el enfrentamiento de tendencias entre las posiciones pro-chinos y pro- soviéticos. Fue en la IV Convención a fines de 1963 que se da la separación de los primeros, que inmediatamente crearían un partido de orientación maoísta: Partido Comunista Peruano Bandera Roja. Era el inicio de la división. A partir de 1964, las bases el Comité Central del PCP convocaron a su IV Conferencia Nacional. Tras un intenso debate teórico sobre marxismo leninismo y revisionismo, los delgados maoístas llegaron a dominar la situación y precedieron a expulsar a los dirigentes prosoviéticos, especialmente a Jorge del Prado, así como a sus compañeros Raúl Costa, Juan Barrios, Feliz Arias Schereiber, Rodolfo Díaz entre otros. En esta ocasión el dirigente campesino Saturnino Paredes ofreció una conferencia de prensa, durante la cual declaró que el PCP apoyaba la “recuperación de las tierras por los campesinos” y se solidarizaba con la revolución cubana.
El campesinado quería recuperar sus tierras, librarse de la servidumbre y que se respete sus sindicatos. Sobre la base de la Federación de Yanaconas y Campesinos, se organizó en 1956 la Confederación Campesina del Perú (CCP), bajo el liderazgo del Partido Comunista. Dicha organización estuvo vinculada a la organización y las luchas campesinas de la sierra, en especial de la región del Cusco. La reacción de los hacendados y gamonales y autoridades locales frente al despertar campesino, desencadenó represiones y luchas de mayor magnitud. Ocurrieron matanzas de campesinos en varias haciendas y comunidades, de igual modo los obreros continuaban golpeados por la crisis, pedía mejores salario; lo mismo exigía los sectores de la pequeña burguesía.
Para los integrantes de Bandera Roja el significado de la IV conferencia Nacional del Partido Comunista, realizada en enero de 1964, constituía un gran hito en la historia del Partido, en el cual se planteó iniciar una nueva etapa en la orientación y dirección de partido señalando “el retorno del camino de Mariátegui”, lo que les significaba “en teoría adherir al marxismo leninismo y, en la práctica desarrollar la violencia revolucionaria para aplastar la violencia reaccionaria e implantar la dictadura de democracia popular, en esencia la dictadura del proletariado” [15]
Es decir que el Partido Comunista de tendencia maoísta formado a partir de 1964, se nutrió no solo de sus bases campesinas sino que arrastró en su interior a la totalidad de la Juventud Comunista Peruana, cuyos lideres importantes provenían de sus contingentes universitarios forjados en la FER, brazo principal de la lucha antiaprista en las universidades.
De este modo el Partido Comunista oficial volvía a reducirse y a ser atacado por otros grupos de la izquierda, mientras que del Partido Comunista pro-chino, surgían otros partidos marxistas leninistas que diversificarían aun más izquierda, dando paso aun innumerable secuencia de rupturas. Los diversos comités regionales empezaron a tener serias diferencias con la conducción de Saturnino Paredes, produciéndose la primera escisión importante de la época, cuando ambos comités regionales, como Lima y en el Cusco, se apartaron para formar el PCP “Patria Roja”.
En esta dispersión surge y se fortalece la fuente maoísta, que sectores de la izquierda adoptaron como una corriente singular de pensamiento y acción comunista, pero de gran importancia en el Perú por razón del factor campesino.[16] Para entonces la regional Ayacucho ya era todo un germen de partido liderado por el Dr. Abimael Guzmán Reynoso.
En estas condiciones la influencia de la izquierda marxista empezó a crecer cada día más tanto en el estudiantado, la clase obrera y el campesinado, que seguía luchando por sus más justas reivindicaciones, mientras que en un sector de la pequeña burguesía surgirarán nuevas tendencias reformistas como el belaundismo y la Democracia Cristiana.
En efecto, las nuevas movilizaciones de los trabajadores tanto de obreros como de campesinos fue objeto de una represión violenta. Ésta brutal represión, comenta Aníbal Quijano, se da a comienzos de 1963 y 1964 sobre todo en contra de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos y de la Federación de Empleados Bancarios. La primera de estas federaciones encabezó una masiva huelga de toda la rama, con ocupación de fábricas, toma de rehenes, mítines callejeros. Su represión culminó con la expulsión de casi un centenar de trabajadores dirigentes de sus centros de trabajo y con la creación por el APRA de una nueva Federación. La segunda sostuvo una prolongada huelga, con apoyo masivo de sus bases, que fue quebrada incluyendo la expulsión de 600 trabajadores, permitiendo a los apristas retomar el control burocrático de esa Federación. Poco después los trabajadores pesqueros se declararon en huelga en 1966 consiguieron un relativo éxito en sus reivindicaciones y arrasaron a la dirección aprista coludida con los empresarios pesqueros, afirmando una dirección más, combativa.[17]
Paralelamente el movimiento de sindicalización campesina y de recuperación de tierras, iniciado desde 1957, y que había logrado movilizar a vastos sectores campesinos, fue también sangrientamente reprimida, en 1960 en Rancas en el desalojo de los comuneros de sus tierras de pastoreo por la minera Cerro de Pasco C. que añadidas a la matanza de mineros en Toquepala, llevó a la CTP a realizar un paro nacional de protesta el 13 de mayo de 1960, con el encarcelamiento de sus principales dirigentes y la masacre de numerosos grupos, así como también fueron aplastados los intentos guerrilleros que pretendieron darle un nuevo impulso a esas luchas. Simultáneamente a la represión sobre el campesinado se inició una fuerte represión a la izquierda en general.
En efecto, el 5 de enero de 1962 – bajo el pretexto de otro complot comunista, luego de una huelga en Cerro de Pasco y la Oroya -, se llevó a cabo una gran redada, donde cayeron más de 2,000 dirigentes políticos, sindicales, campesinos y estudiantiles; que fueron enviados por la Junta Militar de Gobierno al Frontón y al Sepa. El gobierno atribuyó dicha violencia al Frente de Liberación Nacional, y envió al general Germán Pagador Blondet, Ministro de Gobierno y Policía, a controlar personalmente los disturbios.
Sobre estos hechos las investigaciones de Daniel Materson señalan que a fines de 1962 se produjeron sangrientos desordenes en las minas de la Oroya y en las grandes plantaciones azucareras cercanas a Chiclayo. La Junta de Gobierno reaccionó con energía y en la primera semana de enero detuvo a numerosos líderes laborales comunistas y de otras tendencias de izquierda, poniendo fin a la relativa libertad que hasta entonces habían tenido en su esfuerzo por captar nuevos adherentes. A los excesos de la Oroya siguieron, el 2 de enero de 1963 enfrentamientos aun más violentos entre los trabajadores y la policía en la hacienda Patapo, en la zona azucarera cercana a Chiclayo donde una serie de incendios provocados por los manifestantes causaron grandes perdidas para los dueños de las instalaciones. En los posteriores enfrentamientos entre la Guardia Civil y los trabajadores murieron tres personas y veinte resultaron heridas. La noche del 4 de enero la policía y otros agentes del gobierno arrestaron a más de 800 conocidos comunistas y miembros de otros grupos izquierdistas en un esfuerzo coordinado a lo largo de todo el Perú. Mas de 300 personas fueron arrestadas en Lima, incluyendo al general (r) Cesar Pando Eguzquiza, candidato presidencial del FLN en las elecciones de 1962. También fueron arrestados Luis Alvarado del Sindicato de Trabajadores Bancarios y Guillermo Sheen, Presidente del sindicato de Comerciantes. Ambos sindicatos estaban controlados por los comunistas [18]
A pesar de la dispersión en que se hallaban los diferentes grupos de izquierda en los años 60 se puede decir que también se realizaron diversos esfuerzos de coordinación y unidad para la lucha guerrillera. El local del MIR fue entonces escenario de decenas de reuniones con jefes y subjefes de los grupos marxistas sin que se llegara a ningún acuerdo unitario. En el valle de la Convención, de la Puente Uceda se reunión con Hugo Blanco en un intento de coordinación que tampoco alcanzó éxito.
Pese a estos esfuerzos previos y seguramente por la naturaleza y contenido de los mismos la unidad no fue alcanzada a pesar que desde 1961 diversas acciones se encaminaban a la preparación y obtención de recursos para las guerrillas, casos como el asalto al Banco Popular en febrero de 1961y al Banco de Crédito de Miraflores en abril de 1962 son casos concretos de que estaba en marcha la preparación para una guerra revolucionaria.
Ya desde antes de la ruptura del comunismo internacional la izquierda peruana siempre se había dividido en dos campos cuando se trataba del principio fundamental del marxismo leninismo: la violencia revolucionaria. Esta división se percibió más definida y abierta desde 1960, a raíz de la influencia de la revolución cubana. Así el movimiento comunista peruano se escindió en dos tendencias: una legalista y otra insurreccional.
La Junta de Gobierno de Pérez Godoy y Lindley enfrentó el primer movimiento de guerrillas en el Perú. A comienzos de 1963 penetró un contingente de guerrilleros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) organización formada por ex militantes de la Juventud Comunista quienes se identificaban con el triunfo de la Revolución cubana, por la zona de Madre de Dios, entre ellos Javier Heraud, Edgardo Tello, jóvenes colegiales como Hugo Rocra, obreros de construcción como Moisés Valiente, Ya en 1964 se incorporaron algunos cuadros con cierta experiencia política, como Juan Chag, que había sido miembro de la dirección del FIR; Luis Zapata, dirigente de los obreros de construcción civil del Cusco; Guillermo Mercado, que también había formado parte del Comité Central Leninista y de la dirección del FIR, y otros.
Sobre ELN Héctor Bejar, uno de sus integrantes y fundadores sostiene que al promediar el año 1964 tenían constituido su programa el cual había quedado sintetizado en 5 puntos fundamentales a cumplirse: 1) Gobierno Popular. 2) Expulsión de todos los monopolios extranjeros. 3) Revolución Agraria. 4) Amistad con todos los pueblos del mundo y 5) Soberanía Nacional.
Eran las 5 tareas a cumplirse para la revolución, ya que de acuerdo a sus planteamientos la revolución no debía ser “obra de un solo partido sino un proceso múltiple, cambiante, sumamente complejo, al cual las fuerzas sociales y políticas de la más diversa índole debían dar su aporte”. La guerrilla fue reprimida, su derrota obedecerá, principalmente a los errores de formulación programática, de apreciación del momento político y de las tareas tácticas a desarrollar.
Los hechos en concreto sobre los primeros grupos levantados en armas como el MIR y el ELN, en la década del 60, fue que tuvieron relación directa con el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, situación que repercutió notablemente en la política peruana, si bien es cierto que revitalizó al Partido Comunista, también hizo posible el estímulo al descontento de las bases apristas con el claro viraje de su dirección hacia la derecha. En octubre de 1959, en la llamada Sexta Convención, la expulsión de un centenar de dirigentes universitarios, sectorales y obreros, provocó la escisión del viejo partido; formándose el APRA Rebelde que luego se transforma en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que en junio de 1965 inicia el más serio intento revolucionario de la década. Logra organizar tres frentes guerrilleros Mesa Pelada (Cuzco), Andamarca- Pucuta (Junín), y Ayabaca San Ignacio (Piura Cajamarca).
Todo este marco social y político descrito anteriormente estuvieron colmadas de discrepancias entre los grupos mencionados que comenzaron a diferenciarse por las orientaciones y direcciones políticas que asumieran entre los que se encontraron los llamados de la “nueva izquierda”. Pero quienes formaban esta nueva izquierda? Entre sus componentes tenemos:
- Los discrepantes con el APRA, que después de un complicado proceso de lucha interna, dieron nacimiento al MIR y Vanguardia Revolucionaria.
- Los discrepantes el Partido Comunista que luego del proceso anteriormente descrito, fueron a nutrir, unos el FIR y el ELN, y otros las tendencias maoístas que aparecieron posteriormente (Patria Roja, Bandera Roja, Sendero Luminoso, etc.)
- La enorme cantidad de jóvenes principalmente que sin ser universitarios, que sin pertenecer a estas organizaciones, se identificaban, en una u otra forma con ellas, realizando su activismo con entrega y convicción que podía llegar al sacrificio de la propia vida. Los estudiantes universitarios y el creciente movimiento estudiantil renuncian a la veja y clásica concepción de la clase obrera como la fuerza más revolucionaria y ve en el caso de nuestro país, a la fuerza más revolucionaria en el campesinado.
- Algunos trotskistas como Hugo blanco, cuya decidida actividad en el campesinado inicia en proceso de sindicalización y las luchas por la recuperación de las tierras en las zonas de la Convención y Lares. Dicho dirigente fue encarcelado en mayo de 1963.

Respeto a estas acciones y planteamientos ideológicos los grupos de izquierda legalistas calificaron entonces a esta insurgencia guerrillera de 1965 como foquista, guerillerista, militarista, y aventurera, pero no solo esta tendencia legalista se convertirá en enemiga de las acciones guerrilleras de 1965, sino el mismo Partido Comunista Bandera Roja para quienes tales acciones fueron “desviaciones de parte del tercerismo pequeño burgués”[19], Pues para Bandera Roja el tercerismo se constituía “en una versión remozada de los vanos intentos de la pequeña burguesía por sustituir al proletariado como factor dirigente de la revolución y arrebatarle su hegemonía”. Es decir, la concepción planteada por Bandera Roja sobre los grupos levantados en armas en al década del 60 devenía en acciones militaristas que no habían considerado las condiciones políticas y el deseo subjetivo de las masas, actuando por sobre la conciencia de clase.
Aunque aun esas no eran las únicas razones para la división. La defensa de la pureza de la línea política” o “el seguimiento de la línea correcta” estaba cruzada por rencillas personales, ambiciones de poder y mezquindades provincianas que hacen aun más complejo entender las verdaderas razones de tales rupturas. De 1961 a 1975, de acuerdo a estudios de Piedad Pareja, la izquierda se disgrega hasta constituir veinte organizaciones políticas:
- PCP-U Partido Comunista Peruano Unidad
- PCP-BR Partido Comunista Peruano Bandera Roja
- PCP-ML Partido Comunista Peruano Marxista Leninista
- PCP-SL Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso
- PCP-PR Partido Comunista Peruano Patria Roja
- PCP-ER Partido Comunista Peruano Estrella Roja
- FLN Frente de Liberación Nacional
- VR Vanguardia Revolucionaria
- VR-PM Vanguardia Revolucionaria Político Militar
- POMR Partido Obrero Marxista Revolucionario
- LC Liga Comunista
- PSI Partido Socialista Internacionalista
- PCR Partido Comunista Revolucionario
- MIR-CE Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Cuarta Etapa
- MIR-TR Movimiento de Izquierda Revolucionaria Tendencia por la
Reconstrucción
- CMOP Círculo Marxista de Oposición Proletaria
- FIR-OCR Frente de Izquierda Revolucionaria Obrero Combatiente
Revolucionario
- PST Partido Socialista de los Trabajadores
- ELN Ejército de Liberación Nacional
- POR- T Partido Obrero Revolucionario Troskista
Se consideran cuatro troncos básicos a partir de los cuales se han generado las otras organizaciones: Partido Comunista Peruano (PCP), Vanguardia Revolucionaria (VR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Frente de Izquierda revolucionaria (FIR)[20]
Entre 1968 y 1975 se transformó el llamado orden oligárquico y se emprendió un conjunto de reformas y políticas de gobierno que alteraron la conformación del poder y en consecuencia la política del Estado, se hizo posible una profunda dinamización del movimiento popular. En el caso de los barrios populares los pobladores participaron de las nuevas expectativas y de los espacios abiertos por el régimen militar. Henry Pease señala que durante el régimen militar velasquista los trabajadores del campo y la ciudad lograron expresarse políticamente como en pocos momentos de su historia, constituyendo las más diversas organizaciones y gremios, en un periodo intenso marcado por un sostenido esclarecimiento ideológico en amplios sectores populares impactados por el mensaje del gobierno y de los partidos de izquierda emergentes [21]
Los revolucionarios encarcelados en la década del 60 fueron amnistiados en 1970 por el régimen militar de Juan Velasco Alvarado. Algunos continuaron luchando en la oposición, al lado de las masas, otros aceptaron los ofrecimientos del gobierno militar. El desarrollo y la seguridad marcaron el proyecto económico, político y militar del Gobierno de Velasco. Para lograr la seguridad de la nación, el primer problema que tendía a resolver fue el desarrollo mediante la búsqueda de impulsar el desenvolvimiento del capitalismo (eliminando los sectores económicos pre-capitalistas y los enclaves), y la modernización de las estructuras socioeconómicas del país.
Una de las características significativas del régimen militar fue su intromisión en las organizaciones laborales con el objetivo de manipularlas y reglamentarlas. Cuando se produjo el golpe de de Estado existía una central sindical oficialmente reconocida, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y otra acababa de ser fundada, La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Ésta ultima se convirtió rápidamente en la más poderosa, y si bien en sus congresos y a través de su dirección nacional expresó su respaldo a las reformas del gobierno, la inmensa mayoría de huelgas y movilizaciones sindicales fueron protagonizadas por organizaciones afiliadas a ella.
El 30de enero de 1971, la CGTP fue reconocida legalmente, algunos meses después seria reconocida también la Central Nacional de Trabajadores (CNT) constituida artificialmente a partir del Movimiento Sindical Cristiano del Perú (MOSICP) vinculado al Partido Demócrata Cristiano que apoyaba al gobierno. Dividiendo asi al movimiento sindical. Luego el gobierno creó su propia central la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP) en 1972 conjuntamente con esta organización nace el Movimiento Laboral Revolucionario (MLR) que tuvo por objeto capturar mediante la violencia organismos gremiales opuestos al gobierno, golpear a los dirigentes auténticamente representativos y en general. Se fundo también bajo el auspicio del Ministerio de Pesquería y sus principales integrantes fueron reclutados entre los ex dirigentes del gremio de pescadores y elementos extraídos de las cárceles. [22]
Otra creación del régimen militar fue el SINAMOS (Sistema Nacional de Movilización Social) organismo que reunió en su seno varios organismos estatales pre-existentes. Pero su real finalidad fue intervenir en las organizaciones populares para apoyar al régimen y neutralizar las luchas que fueran contra éste. Aunque tuvo una oficina laboral para intervenir en los sindicatos, su principal actividad se centró en los pueblos jóvenes y zonas campesinas. Como además de organismo político era una instancia administrativa y asistencial, combinaba estas funciones para presionar a los pobladores de las barriadas a manifestarse en apoyo del régimen a cambio de entregarles títulos de propiedad de terrenos en los cuales vivían o de brindarles servicios que el Estado estaba obligado a prestarles, como construcción de caminos y escuelas.
Al mismo tiempo que el gobierno tenía injerencia en el ámbito laboral, el gobierno velasquista se negó a reconocer legalmente a organizaciones representativas como el SUTEP, en el magisterio y la CCP (Confederación Campesina del Perú) en el campo.
En esta época casi todas las organizaciones de izquierda rechazaban el reinicio de la lucha armada, con excepción de Vanguardia Revolucionaria (PM) jefaturada por Torres Sánchez y el MIR dirigido por Esparraga y algún grupo de tendencia maoísta. La nacionalización de la IPC; y la reforma agraria, llevaron a la izquierda a la confusión ideológica. Interminables polémicas caracterizaban a la junta Militar velasquista, unos como reformista, otros como desarrollista, mas allá como bonapartista, hasta aquellos que la consideraron nacionalista, fascista o fascistizante, en un vicioso juego verbal. Pero aun todavía, muchos sectores del pueblo, las masas aunque no las dirigencias sentían los ejemplos de Luis de la Puente Uceda, el Che Guevara, Camilo Torres. Los argumentos de muchos dirigentes contrarios a estas acciones armadas truncas plantaban a tales como “aventureras” “espontaneistas”. Esto no les impedía, sin embargo, hablar de “guerra popular del campo a la ciudad”, o “el poder nace del fusil”. Pero claro solo como alternativa abstracta. Se aferraban pues a una estrategia mecanizada, que nunca salían de las cuatro paredes donde se decía se construía partido, La falta de condiciones era el pretexto para la eterna postergación del reinicio de las acciones armadas. Estos argumentos forzaban la dependencia ideológica de la izquierda peruana con respecto a los partidos comunistas del mundo.
De esta manera se convertían en simples voceros de corrientes ideológicas dentro del socialismo, pero no en organizaciones revolucionarias. El trabajo político solo estaba orientado a la captura de dirigencias sindicales estudiantiles, barriales. El fin del marxismo era alcanzar la hegemonía en un sindicato, en una universidad, para lo cual se recurría muchas veces, al insulto, al desprestigio, a la intriga, a la delación.
En esencia el periodo velasquista fue un periodo de dinamismo y estímulos a un cierto protagonismo popular, dentro de los parámetros que se imponían desde el Estado. En agosto de 1975 se produce el derrocamiento del General Velasco por el General Morales Bermudez quien inaugura la llamada “segunda fase” del Proceso Revolucionario de las Fueras Armadas, llevándose a cabo el desmontaje de las reformas emprendidas por el velasquismo. Se inicia así un régimen militar de signo y contenido distintos. Las organizaciones populares que se desarrollaron en el año anterior, y que desde entonces pugnaban por su autonomía, son las que enfrentaron directamente al gobierno de Bermudez. El éxito de los paros nacionales de 1977 y 1978 son un ejemplo aunque efímero, de los bloques sociales y su fuerza organizada. La represión se manifiesta ahora con el despido de más de 5000 dirigentes sindicales.
Los partidos políticos de izquierda legal, aunque experimentaron un desarrollo cuantitativo importante, no lograron articularse entre si y ser la expresión política genuina y efectiva de las clases sociales desfavorecidas.
Estos son algunos de los hechos que configuran el antecedente de la irrupción política armada que tendrá sus inicios en la década del 80. Es necesario anotar que si bien es cierto 1980 ha sido tomado como punto de referencia para el inicio de la lucha armada en el país, el análisis y los antecedentes presentados en el presente articulo desde la fundación del Partido Comunista a inicios del siglo XX, hasta el inicio de las acciones subversivas tanto de Sendero Luminoso como del MRTA nos permiten configur al fenómeno en estudio como parte de un proceso histórico.



[1] Manrique Nelson. “El Tiempo del Miedo. La Violencia Política en el Perú. 1980-1996”. Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima Perú. 2002 Pág. 47
[2] Salazar de Alcazar, Hugo. Teatro y Violencia. Jaime Campodónico Editor. Lima 1990 pag.10
[3] Flores Galindo Alberto. “El rescate de la tradición” En Encuentros. Ediciones Memoria Angosta. Lima 1989 pág. 12
[4] Pilar Coll “cuando se sufre carcelitis” Entrevista en: Idéele N° 81 noviembre de 1995. Pág. 21
[5] Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “194 casos de inocentes en prisión” Instituto de Defensa Legal. Grafica Bellido. SRL. Lima 2000 pág. 8
[6] J.C Mariátegui. Amauta Año II N° 5 enero de 1927. En Ideología y política. Lima Editorial Minerva 1981 pp 11-116.
[7] J.C Mariátegui. El 1 de mayo y el frente único publicado en el bancario órgano oficial de la feb n° 1 abril junio 1971 Pag 6-7
[8] Guadalupe, César A. El Partido Comunista Peruano de 1930 a 1942 ¿el periodo de Ravines?. En Debates en Sociología. PUCP. N 12-14. Fondo Editorial 1989. Lima Pág. 105
[9] Malpica Carlos. “El Mito de la Ayuda Exterior”. Ediciones Ensayos Sociales. Perugraf. Editores. Lima 1978 Pág. 28
[10] Cesar Lévano. “Aricó revisa a Mariátegui”. En actualidad y análisis. Marka. Año VI n°176. 23-10-1980 PP. 41
[11] Tuesta S., Fernando. “El PCP en la década del 30” publicado en diario El Peruano el 9 de mayo de 1998.
[12] Chang Eugenio. Opciones políticas Peruanas. Centro de documentación andina CDI. 1985.Lima pp.205
[13] García Sayan, Diego. “Peru : Estados de Excepción y régimen jurídico” En Estados de Emergencia en la Región Andina. Comisión andina de Juristas. 1987.Lima pp 99
[14] Leoncio Bueno. “Conocí el frontón” en el diario el Popular, 30 de julio de 1989
[15] ”La organización del proletariado”. Ediciones Bandera Roja. 14 de junio de 1967
[16] Bernales, Enrique. “Socialismo y Nación” Mesa Redonda Editores S.A. 1987 Lima pp 95
[17] Quijano Anibal. “Las nuevas perspectivas en la clase obrera”. En Sociedad y política N ° 3. Mayo 1973.Lima pp. 43
[18] Materson Daniel. “Fuerza Armada y Sociedad en el Perú Moderno” Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos. 2001.Pág 265
[19] “América Latina Guerra Popular” Ediciones Bandera Roja. N°42, mayo 1970
[20] Pareja Piedad. “Terrorismo y sindicalismo en Ayacucho (1980)”. Empresa Editora Ital Perú. Lima. 1981 Pág 76
[21] Henry Pease. “Los Caminos del Poder”. DESCO. 1981. Pág. 20
[22] Dictadura y Derechos Humanos en el Perú. (“lo que no dijo Acción Popular”) Perugraf. S.A. 1981 Pág. 81

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE HOY

¿Qué pasó con el movimiento Obrero o el Estudiantil de antaño? ¿Qué paradigmas inspiran hoy a los movimientos sociales? En nuestro país ¿tenemos movimientos sociales? ¿Cuáles podrían ser? Estas in quietudes nos llevaron a conversar con Inés Fernández Baca, investigadora del tema en nuestro país y Directora de la Coordinadora Inter Centros de Investigación, Desarrollo y Educación (COINCIDE).
Entrevista realizada el día Miércoles 17 de Marzo. Por Jermani Ojeda.
Jermani Ojeda: Para comenzar ¿cómo podemos definir a un Movimiento Social?
Inés Fernández: Es una acción colectiva de un grupo de la población, normalmente no muy bien organizado. Es muy diferente un movimiento social de una organización social, un movimiento hace referencia a un grupo que surge más o menos espontáneamente y cuestiona con sus acciones aspectos importantes del sistema político fundamentalmente; está orientado hacia el cambio político, es un movimiento reivindicativo con un tema puntual no es movimiento social, apunta al cambio social consciente o inconscientemente. En muchos casos hay movimientos sociales que empiezan con la reivindicación de un tema específico, pero en el proceso empiezan a generalizarse y van descubriendo elementos de la estructura política que deben ser cambiados y llegan a ser un movimiento social.

JO: ¿En el Perú tenemos Movimientos Sociales?
IF: Hay un debate si es que hay un movimiento social o no, muchos dicen que lo que hay son movilizaciones espontáneas y no apuntan necesariamente hacia un cambio político. En nuestro país sí podemos identificar movimientos, unos con más fuerzas que otros, por ejemplo está surgiendo un movimiento ambientalista que tiene un componente cultural también; podemos hablar de un movimiento indigenista en ciernes, que según algunos no existe, porque está localizado en una región determinada (La Amazonía) y no es generalizado como debe ser un movimiento social, entre sus propuesta está la de carácter cultural, de reivindicación de lo indígena; se habla también de un movimiento agrario, que no está en la Sierra, sino que en la Costa, liderado por CONVEAGRO, la Sierra ha perdido su fuerza que tuvo con el movimiento campesino en los 80.
Podemos hablar también de un movimiento de Derechos Humanos, según muchos el más importante por la naturaleza de su convocatoria que es muy amplia, involucra a los demás movimientos sociales como al ambientalista, al indígena. Se dice que es el más maduro, el más amplio y a la vez el más cuestionado.
JO: ¿Qué pasó con los movimientos sociales de antaño, como el obrero, el estudiantil?
IF: La desaparición del movimiento obrero obedece a un fenómeno mundial, porque hay un debilitamiento del sindicalismo que tuvo su fuerza no sólo en nuestro país, pero quizá sea el Perú en el que hubo un mayor debilitamiento del movimiento obrero; nunca tuvimos una clase obrera pujante, pero sí pequeña con capacidad de liderazgo, pero ha perdido su fuerza, aunque ahora quiera resurgir.
Lo que más llama la atención es el movimiento estudiantil, quizás es el más debilitado en general, siempre fueron quienes tomaron las iniciativas de cambio, pero ahora ya no. Pienso que han perdido paradigmas, se organizó durante un momento en función a sus propias reivindicaciones, por ejemplo por una universidad popular en los 30. Luego el movimiento estudiantil se fue supeditando a los otros movimientos, tenía reivindicaciones puntuales para la universidad, pero a la vez eran para la sociedad en su conjunto, pero no habían propuestas de cambio universitario como la Reforma, salían más para reducir el costo del pasaje, en apoyo contra el alza del costo de vida u otros y no logró desarrollar una plataforma propia por ejemplo de qué tipo de universidad se quiere para el país.
JO: ¿Qué factores determinan la desaparición de un movimiento social?
IF: Cuando conquistan los derechos que exigen, cuando han perdido el liderazgo, cuando está muy supeditado a la figura de un líder, cuando pierden su contenido político y se quedan en un movimiento básicamente reivindicativo y constriñen su propuesta hacia cosas muy puntuales.
El movimiento obrero, sindical se debilita por ejemplo por las políticas nacionales, porque se viene el sálvese quien pueda, aparecen los sérvices, hay nuevas leyes laborales, comienzan a laborar personas contratadas y no nombradas, surgen normas laborales que amenazan la estabilidad laboral, que amenazan al sindicato. Entonces hay una política nacional de gobierno que contribuye a debilitar el movimiento obrero.
Pero a la vez se perdieron los paradigmas de cambio social, como el socialismo como modelo de sociedad que inspiró a los movimientos sociales de antes como el campesino, obrero, estudiantil.
JO: Si el socialismo dejó de ser el paradigma que inspire a los movimientos sociales ¿Cuál podría ser el paradigma de hoy?
IF: Yo creo que el cambio ya no es solamente político, sino cultural, antes eran movimientos políticos, ahora en cambio son de orden no sólo político, sino cultural. Por ejemplo el movimiento indigenista no sólo pide cambios políticos, sino lo que pide también son nuevas formas de relacionarnos, de mirarnos, no discriminar, etc. temas que ya no son estructurales, sino que ven el cómo nos tratamos entre las personas. El movimiento ambientalista exige cambios en la política (normas, leyes) y en la cultura de la población, como conservar el agua, los bosques, etc.
Creo que el paradigma de hoy ya no es político solamente, sino cambios culturales, de maneras de relacionarnos, de pensar, de ser, por lo tanto han dejado de ser locales y ahora son globales. Los debates que ahora se dan en Cusco, en Lima, en el Perú se están dando en América Latina y en el mundo, lo cual es interesante porque quiere decir que podemos generar cambios de mayor hondura. Hay pequeños movimientos que van creciendo por el respaldo internacional y si vemos lo que pasó es que algunos cambios sociales en el país se han logrado no sólo con presión interna, sino internacional.
JO: Hay organizaciones, coordinadoras, foros, que agrupan a los diversos movimientos sociales
IF: Claro, por ejemplo La Cumbre de los Pueblos en Latinoamérica, hay una mayor posibilidad de presionar a los Estados. Muchas de las cosas se han conseguido por estas presiones, podemos ver lo que pasó con lo de las reparaciones en materia de Derechos Humanos, lo del Museo de la Memoria, etc.

JOVENES TRABAJANDO PARA EL DESARROLLO DE SU LOCALIDAD

JERMANI OJEDA.
La Red Juvenil Noroccidental del Cusco se conformó a partir del esfuerzo de jóvenes que trabajaban en sus organizaciones juveniles de sus barrios, comenzaron ellos realizando diversas actividades. Al comienzo habían grupos informales en cada barrio, «sólo éramos amigos y realizábamos actividades recreativas, antes de ser formales. Hacíamos yunsadas, paseos, festejábamos cumpleaños y otras actividades», nos cuenta Jimmy Nelson Vargas, integrante de la Organización Juvenil del barrio de Villa El Sol y ex presidente de la Red Juvenil Noroccidental del Cusco.
Posteriormente la ONG KALLPA llegó a trabajar un proyecto denominado Comunidades Saludables y los jóvenes fueron los principales aliados y de esta manera se comenzó a fortalecer la organización juvenil. Se comenzaron a realizar actividades más formales, por ejemplo los integrantes de los grupos juveniles de los barrios comenzaron a dictar cursos de reforzamiento a los escolares de la zona. De este modo ya había un trabajo más organizado y permanente.
A partir de estas experiencias los jóvenes de las distintas organizaciones decidieron conformar una organización mucho más amplia, una red que agrupara a jóvenes de todos los barrios de la localidad y de este modo se tenga mayor fuerza juvenil. «Cuando trabajábamos cada grupo por su lado no teníamos el impacto que esperábamos, como éramos pocos no nos hacían caso. Se pensó que como grupo grande se tendría mayor impacto en los trabajos que se realizaban», señala Jimmy Nelson Vargas.
Luego vino el trabajo de la organización de la Red juvenil Noroccidental del Cusco, el cual comenzó teniendo una junta directiva conformada por un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario; del mismo modo se nombraron 11 secretarías para las diversas áreas y los diversos proyectos que trabajarían., por ejemplo de proyectos, de comunicación y otros. Posteriormente en un taller se cambió tal estructura porque no respondía a los objetivos que se habían trazado. Se comenzó a trabajar de acuerdo a ejes temáticos, estos fueron y hasta hoy se mantienen: Educación, Cultura y Deporte; Salud y Medio Ambiente; Fortalecimiento Organizacional y Liderazgo y finalmente De Microempresa Juvenil. La Junta Directiva dejó de tener secretarías y su trabajo es con estos ejes temáticos.
El primer proyecto que realizó la Red Juvenil Noroccidental se denominó Uniendo Esfuerzos, el cual fue financiado por el Banco Mundial, con una suma de 16 mil soles. En su ejecución se realizaron campañas de limpieza, concursos de barrio limpio y charlas de sensibilización. Asimismo se gestionaron recursos para los premios en los concursos organizados, los cuales no estaban incluidos en el proyecto.
Por otro lado se gestionó ante la Municipalidad Provincial del Cusco la creación de bibliotecas barriales. La entidad municipal donó libros, revistas y demás publicaciones distribuidos por módulos, los cuales se repartieron a los distintos barrios de la zona.
Asimismo se gestionó plantones para que los barrios se reforesten. Se pasó a trabajar más en el Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial del Cusco y en el Gobierno regional del Cusco. El primer proyecto que presentaron a la Municipalidad fue el de Fortalecimiento de las Capacidades de propuesta y Oportunidad de Participación de los Jóvenes de la Noroccidental, se trabajó el 2008 y tuvo un presupuesto de 108 mil soles.
Actualmente se tienen varias propuestas y varios proyectos, los cuales están en la etapa de elaboración de expedientes y perfiles. Por ejemplo se encuentra el proyecto de Fortalecimiento a Nivel de la red de los ejes temáticos en que se trabajan, para el cual se cuenta con un presupuesto de 200 mil; el de Limpieza Pública, que tiene un presupuesto de 100 mil soles.
«Aparte es eso tenemos el proyecto de reforestación y forestación de la Noroccidental, que tiene un presupuesto de 150 mil soles, que en el momento ya está aprobado su perfil y se elabora su expediente técnico, probablemente lo realizaremos en octubre o noviembre de este año y para ello estamos nombrando los comités ejecutores que propuso el gobierno para que los jóvenes ejecutemos el proyecto», señala el ex presidente de la Red.
La Red Juvenil propuso los proyectos y la municipalidad se encargo, mediante sus especialistas de su elaboración correspondiente.
Asimismo ya se cuenta con el proyecto de Bibliotecas Virtuales y también se presentó la propuesta de Capacitación Juvenil en temas Empresariales. «Estamos proponiendo el trabajo en el tema humano mayormente, distinto a esa forma de hacer obras como veredas, pistas», finaliza Jimmy Nelson vargas.

LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Caso sur peruano, ¿Es problema u oportunidad?

Jhenry William Sonco Justo

Sociólogo

Introducción

El nuevo proceso de descentralización en el país trajo consigo un nuevo marco normativo que incorpora la participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión local. Esta presencia se da a través de los procesos de planificación concertada del desarrollo (Planes estratégicos), la programación del presupuesto público (Presupuesto Participativo) y en la fiscalización y control social (Vigilancia ciudadana).

Los antecedentes inmediatos del desarrollo de los procesos participativos a mayor escala han sido las experiencias de gestión local participativa de los años 80 y 90s en el ámbito latinoamericano y nacional[1], que contaron con el apoyo de los organismos no gubernamentales de desarrollo y de las agencias de cooperación internacional.

En estas circunstancias la Participación Ciudadana encuentra su entorno específico para afianzar y consolidar una gestión de gobierno local concertado y participativo a través de los diversos espacios (mesas de concertación, consejos de coordinación local comités vecinales) y mecanismos (plan estratégico concertado, presupuesto participativo, vigilancia y control ciudadano) que instituye el marco legal vigente[2].

Es así que el Presupuesto Participativo se convierte en un instrumento importantísimo que genera oportunidades para impulsar el desarrollo con equidad, sostenibilidad y alcanzar mejores niveles de vida del poblador, por lo tanto esto permitirá facilitar que se complementen la democracia representativa con la democracia participativa; es decir, permite asignar a los diversos actores sociales un rol insustituible en la gestión de su desarrollo, como ciudadanos con plenos derechos y facultades para decidir, en todo momento, sobre su futuro.

En los últimos años, se han producido importantes experiencias en la promoción del desarrollo local y en la gestión de los gobiernos locales, en base a la Participación Ciudadana en el Presupuesto Participativo sobre todo se logre alcanzar mejoras en la vida de los pobladores de un determinado territorio, sin embargo, esto se debe expresar en el cumplimiento eficiente del presupuesto planificado y de los acuerdos establecidos para mejorar la calidad de vida del poblador y al mismo tiempo, se requiere una cierta madurez de los procesos participativos para avanzar hacia mayores niveles de democratización.

Sin embargo encontramos muchas limitaciones en estos procesos participativos veamos algunos puntos: a ello se suma la pésima importancia de parte de las autoridades locales de conocer y fortalecer los niveles y el grado de participación ciudadana en los procesos del Presupuesto participativo, por lo tanto la participación ciudadana es vista como un obstáculo y no como una fortaleza por algunos alcaldes, en otros casos el proceso del presupuesto participativo solo se realiza por cumplir, también vemos los incumplimientos de los acuerdos establecidos en cada proceso participativo, también estos procesos genera demasiada expectativa y pocos resultados e incluso la atomización del presupuesto y así podemos señalar varios aspectos.

Por lo tanto, lo que se pretende alcanzar en el presente documento son algunos elementos que permitan analizar las limitaciones u oportunidades que tiene los procesos de los presupuestos participativos a nivel del sur peruano[3].

En el sur peruano tenemos las condiciones y la existencia de un marco legal favorable para poner en práctica el derecho de Participar en los procesos del Presupuesto Participativo; por un lado tenemos experiencias exitosas que son motivo para poder replicarlos en otros territorios, y por otro lado también existen organizaciones e instituciones especializadas que están contribuyendo en el fortalecimiento de la democracia[4].

A manera de hipótesis podemos señalar que los problemas encontrados pueden enfrentarse si se logra combinar el liderazgo democrático de los alcaldes; voluntad política para promover la participación y cumplir con los acuerdos; una mayor capacitación de la sociedad civil y la eliminación de las trabas burocráticas que dificultan la participación ciudadana, es decir realizando trabajos articulados y planificados.

Desarrollo

Desde una perspectiva deductiva en el país han transcurrido ya ocho años desde que se promulgó la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos que estableció las reglas generales para el ejercicio de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana en el Perú; siete años desde que se promulgó la Ley de Bases de la Descentralización donde señalaba que las municipalidades deben debatir sus planes y presupuestos con la participación de sus vecinos; seis años desde que se promulgó la nueva Ley Orgánica de Municipalidades donde se estableció el presupuesto participativo en el Perú y casi seis años desde que se promulgó la Ley Marco del Presupuesto Participativo. Estas normas fueron una consecuencia de las reformas introducidas por el gobierno democrático del presidente Valentín Paniagua y marcaron un hito frente a las formas cómo los ciudadanos se relacionaban con sus representantes.

Sin duda las experiencias desarrolladas en el Perú específicamente en el sur peruano han sido muy ricas y los procesos participativos han experimentado un proceso de aprendizaje, de oportunidades y de ajuste. Sin embargo, subsisten una serie de problemas que la legislación no ha podido solucionar o en algunos casos ha generado trabas al proceso.

Por lo tanto diversas organizaciones de la sociedad civil (especialistas, ONGs, investigadores, y lideres sociales, etc.) han advertido los problemas y ventajas u oportunidades que existen en torno a los procesos de participación ciudadana a nivel de gobiernos locales en los procesos del presupuesto participativo.

Veamos a continuación algunos conceptos que nos ayudaran a analizar mejor lo que queremos plantear:

Definición de presupuesto participativo utilizado en experiencias concretas[5]

El presupuesto participativo ha sido definido de diferentes maneras: a juzgar por su concepción, según sus enfoques o énfasis y de acuerdo con la experiencia asociada a este. Se ha identificado hasta cuatro formas de definir el presupuesto participativo, por el énfasis particular de algunos de sus componentes:

1. Como técnica o mecanismo de participación:

Es una técnica de presupuestación abierta hacia determinados sectores de la administración pública o de la población destinataria, en la cual se establecen consensos en cuanto a la aplicación y plazos de los recursos disponibles.(Aníbal Barreto, Argentina, 2002)

2. Como un sistema de formulación del presupuesto publico:

El presupuesto participativo es básicamente un sistema de formulación y de seguimiento del presupuesto mediante el cual la población determina, a través de debates y consultas donde serán hechas las inversiones, cuales son las prioridades, obras y acciones a ser desarrolladas por el gobierno, es decir es una valiosa herramienta de planificación presupuestaria (Julio Díaz Palacios, 2001).

3. Como una manera democrática de gestionar las ciudades o los pueblos:

El presupuesto participativo es una forma pública de poder, no estatal, si no civil. Es a través del presupuesto participativo que el ciudadano puede participar en el poder municipal y decidir sobre el conjunto del presupuesto, esto significa mayor democracia, ya que el gobierno pasa a ser ejercido también por la población. Escuchar la voz del ciudadano, individual o colectivamente y de forma permanente; hacer del sector publico un instrumento al servicio de la mayoría de la población y controlar y distribuir la riqueza que generan los impuestos pagados por todos es el desafío que la administración popular se planteo al poner en marcha el presupuesto participativo. (Prefeitura de Porto Alegre, Brasil, 1998).

4. Como un proceso político de empoderamiento de la ciudadanía.

El presupuesto participativo es un procedimiento que permite la participación de los vecinos en la elaboración, definición y control del presupuesto opinado sobre el gasto, la inversión, los recursos y el control de la actividad financiera del sector público (Escuela Mayor, experiencia de Huamachuco, Perú, 2000)

5. Como un Instrumento.

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, según corresponda, los cuáles están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado (Ministerio de Economía finanzas, Perú, 2008)

Finalmente podemos decir que el presupuesto participativo es un proceso social y político que busca la distribución equitativa del poder y la construcción de un espacio común entre el estado y la población, fortaleciendo la ciudadanía a través de la deliberación, decisión, gestión y control del presupuesto publico.

Como surge la participación ciudadana en nuestro país:

La Participación Ciudadana surge con la Constitución Política de 1979. En el Título I Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona, en su Capitulo I De la Persona, el artículo 2º numeral 16 estipulaba que toda persona tenía el derecho: “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la nación”. Concordante con dicho precepto, el artículo 64º de la misma Carta Fundamental establecía que: “Los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en comicios periódicos y de acuerdo con las condiciones determinadas por ley”

Así mismo veamos en la actual Constitución Política de 1993, en su Título I De la Persona y de la Sociedad, Capítulo I Derechos Fundamental de la Persona, en su artículo 2º, numeral 17 prescribe que toda persona tiene derecho: “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”.

Veamos como se define Participación Ciudadana[6]: “… las lecciones de las últimas décadas han demostrado claramente que la participación en el desarrollo está íntimamente relacionada con la eficacia del mismo. Las iniciativas de desarrollo tienen mayores probabilidades de alcanzar sus objetivos si las personas afectadas y beneficiadas por las mismas participan en la identificación, diseño, ejecución y evaluación de dichas iniciativas (…) la participación en el desarrollo lleva a una mayor sustentabilidad (…) tiende hacia la descentralización y democratización del poder”.

También debemos destacar que la participación ciudadana en los procesos del presupuesto participativo en nuestro país, tiene una corta historia, se puede decir que surge a fines de la década de los 90, bajo el influjo de la difundida y exitosa experiencia de porto alegre Brasil (1989), ya en 1993 en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, en Cusco y en 1999 en Villa el Salvador, distrito metropolitano de Lima y en la provincia Sureña de Ilo se iniciaron procesos de participación ciudadana, que formalmente fueron las primeras experiencias del presupuesto participativo en el Perú.

Sin embargo, esta experiencia es un hito mas en el largo proceso de participación social, estrictamente, no es una experiencia importada de Brasil, si no es el resultado de una trayectoria de movilizaciónsocial de pobladores urbanos y comunidades rurales que buscaron y aun buscan mejorar sus condiciones de vida. (Grey: 2002).

Ahora veamos cuales son los problemas que se encuentran en estos procesos participativos:

a) La participación ciudadana es vista como un obstáculo y no como una fortaleza por algunos alcaldes: A nivel nacional pocos son los alcaldes que realmente tienen una vocación participativa y que promueven estos mecanismos. A menudo existen voces que expresan su incomodidad ante el presupuesto participativo y que consideran que los ciudadanos no están preparados para debatir planes y proyectos. Existen funcionarios públicos que consideran que la participación ciudadana entorpece su trabajo y no asumen todavía que la nueva gerencia pública no se puede concebir al margen de los ciudadanos.[7]

Podemos observar que la participación ciudadana en las regiones del sur peruano también para muchos alcaldes es un obstáculo, desde nuestra experiencia podemos citar un caso fehaciente es que en la mayoría de los distritos no existe CCLs funcionando y mucho menos los comités de vigilancia ciudadana activos, debido a que la mayoría de los alcaldes consideran que estos espacios omecanismos son una traba para su gestión, es decir ven la participación como una amenaza o confrontación a su gestión y no lo ven como una oportunidad para gestionar el desarrollo local con la participación de la población en general.

b) Baja calidad de la participación: no se ve más allá de su comunidad o del barrio: He tenido la oportunidad de acompañar procesos en la provincia de Antabamba y demás distritos(Apurímac), en el Collao - Ilave (Puno) y en San Jerónimo (Cusco), además tuve la oportunidad de conversar con funcionarios y autoridades municipales existe una coincidencia en torno al nivel de participación de la población, por lo tanto hay la necesidad de mejorar la calidad de la participación ciudadana. A menudo los representantes de las organizaciones sociales ya sean presidentes comunales, lideres sociales, dirigentes y los vecinos no logran consolidar una visión macro más holística ni debatir los grandes problemas de su territorio.

Es cierto que el Perú es un país de grandes carencias y que las necesidades más básicas no son satisfechas, pero también es cierto que los participantes muchas veces sólo se enfocan en solucionar pequeñas demandas de la comunidad o el barrio. Unido a esto, en el caso del presupuesto participativo, las organizaciones vecinales y las comunidades desconocen lo que es un proyecto de inversión o cómo funciona la dinámica de este proceso, afectándose así la calidad de la participación y esto conlleva a la atomización del presupuesto obviamente por que priman los pedidos y no se enfocan a la solución de sus principales problemas que se tienen que solucionar en su territorio.

c) Los representantes no cuentan con suficiente apoyo para ejercer sus derechos de participación ciudadana en la gestión local: Cuando uno conversa con dirigentes comunales, lideres sociales y vecinos de los distritos del sur peruano es común escuchar que a menudo no cuentan con apoyo de sus propias organizaciones al que representan incluso de sus propios vecinos para poder ejercer de manera eficiente su derechos de participar en la gestión local, ejemplo la vigilancia ciudadana, es decir los Comités de Vigilancia, no cuentan con el apoyo que necesitan de sus propias organizaciones e instituciones que realicen un “acompañamiento” en su proceso de fiscalización. Y a esto se suma el desconocimiento de sus funciones y responsabilidades para ejercer eficientemente el control social con instrumentos legales necesarios.

d) Los costos de la participación son económicamente altos: Igualmente conversando con dirigentes comunales, barriales, lideres sociales y representantes de la sociedad civil, también encontramos otro aspecto importante es el costo que ocasiona cuando uno participa activamente en la gestión del desarrollo local, es decir ejercer nuestros derechos como ciudadanos tiene un costo innegable y más aún tratándose de dirigentes vecinales o de organizaciones sociales de base que pertenecen a realidades pobres[8]. Existen problemas para que las organizaciones de la sociedad civil participen en los presupuestos participativos provinciales y distritales por los costos que tienen que asumir de transporte, alojamiento, alimentación, materiales, entre otros, durante todo el proceso participativo, Otro ejemplo es para ejercer la vigilancia ciudadana tiene un costo en dinero, por ejemplo si se desea hacer una denuncia se necesita un abogado que los asesore y esto necesariamente es dinero. A esto se suma que los representantes tienen que priorizar sus actividades personales, familiares como ellos manifiestan a veces se pierde tiempo, dinero y al final en todo el proceso no hay resultados concretos.

e) Existe frustración por incumplimiento de los acuerdos del presupuesto participativo y la atomización del presupuesto: A menudo también escuchamos casos de municipalidades que no han cumplido con ejecutar la totalidad de sus presupuestos participativos programados un año anterior ya sea por problemas de tipo administrativo, porque no tienen capacidad técnica para formular proyectos adecuadamente en función al enfoque SNIP ó porque no han tenido la voluntad política de respetar los acuerdos realizados con sus vecinos y representantes en los diferentes procesos esto obviamente genera frustración por que dichos acuerdos no se cumplen y esto genera desconfianza para futuros procesos participativos.

Si a esto le sumamos que los montos que se asignan al presupuesto participativo son bastante reducidos (el Foncomún), además dichos presupuestos son atomizados en pequeños proyectos que no son de envergadura al estilo de una repartición de una torta y por natural esto va generar un desencanto y frustración en las organizaciones.

f) Se genera demasiada expectativa y no hay resultados concretos: A menudo escuchamos a nivel del sur peruano en los diferentes procesos participativos al cual hemos sido testigo, versiones que los propios actores manifiestan: “Todos los años vamos al presupuesto participativo, identificamos bastantes proyectos y al final no hay resultados concretos”, ocasionando demasiadas expectativas en la población y esto genera frustración como mencionábamos anteriormente, a pesar de que se han desarrollado procesos participativos óptimos metodológicamente hablando, identificando adecuadamente la solución de sus múltiples problemas, priorizando proyectos de gran envergadura en cada uno de los ejes temáticos de un determinado territorio pero al concluir el proceso no se logro concretar dichos proyectos priorizados y el factor principal se puede decir es el poco presupuesto que cuenta dicha municipalidad[9].

g) Los presupuestos participativos se convocan sólo por cumplir con la ley: Este aspecto se relaciona con el ítem “a”, que dice: “a nivel nacional pocos son los alcaldes que realmente tienen una vocación participativa y que promueven estos mecanismos”,para el caso sur peruano que estamos analizando varias municipalidades no realizan un esfuerzo por convocar a la mayor cantidad de vecinos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil para el proceso del presupuesto participativo cada año, limitándose únicamente a cumplir con lo que manda la ley y realizando procesos con escasa participación ciudadana, muchas veces improvisando, es decir no son proceso debidamente planificados. Así se desnaturaliza el presupuesto participativo como espacio de diálogo y concertación entre los actores locales y se limita únicamente a talleres con unos pocos participantes, donde los acuerdos no son ni socializados ni publicitados a todo el territorio o localidad.

h) Pésima articulación intergubernamental en la formulación de planes de desarrollo y presupuestos participativos: A nivel nacional existen una serie de normas que marcan la ruta que debe seguirse para el proceso presupuestario que parten de la necesidad de compatibilizar los planes de desarrollo a nivel nacional, sectorial, regional y local; sin embargo, los resultados no son alentadores y es uno de los problemas que enfrenta el sector público cuando formula sus presupuestos, es decir cada instancia de gobierno o sector realiza independientemente sus planes de desarrollo local y los presupuestos participativos y esto muchas veces genera duplicidad en las actividades que se realiza en un determinado territorio, no hay la voluntad política de algunas autoridades en realizar trabajos articulados desde el nivel comunal hasta el nivel regional o nacional[10]. Existen diversas causas como la falta de capacitación en materia de planificación, consideraciones políticas, la ausencia de un liderazgo que aglutine esfuerzos y la improvisación con la que se trabajan las políticas públicas a esto se suma que el Consejo Nacional de la Descentralización fracasó en su rol y su desactivación ha generado un vacío que no ha sido posible llenar. Es necesario que el Ceplan empiece de una vez a trabajar y que la inmediatez deje de estar presente en las políticas públicas. Esta falta de articulación entre planes y presupuestos debilita a los presupuestos participativos y produce duplicidades de esfuerzos y proyectos.

Ahora veamos las oportunidades que han generado los procesos participativos:

a) Cambio en la tradicional manera de tomar decisiones: A nivel nacional en la toma de decisiones dio un giro de noventa grados, ahora la población participa directamente en la toma de decisiones específicamente en la forma de realizar los gastos o la gestión misma en sus diferentes niveles de gobierno y etapas de gestión del desarrollo. Decisiones sobre la base de procesos participativos, es decir involucrándose directamente en la identificación, planificación, ejecución y evaluación de la gestión pública y no sobre la base del mejor parecer de la autoridad de turno.

El presupuesto Participativo en sí mismo no es un proceso de ciudadanía. Es un instrumento que puede alimentar la noción de ciudadanía, pero que requiere ser adecuadamente orientado para lograr ese fin, Sin embargo, estos instrumentos aún imperfectos Sirven para crear una práctica, para ejercitar a la población en sus derechos yresponsabilidades como ciudadanos y a participar de las decisiones que influyen en sus vidas.

b) Mayor involucramiento social en los asuntos públicos:

La participación ciudadana es considerada como el elemento sustancial para el fortalecimiento de la gestión pública local, en el marco de un nuevo modelo de gobernabilidad que se viene configurando en los últimos años. En este sentido, entendemos que los Estados locales deben garantizar la participación ciudadana a partir de la implementación de espacios y mecanismos efectivos de participación democrática y con poder de decisión, dando cuenta de las nuevas relaciones que se vienen tejiendo entre el Estado y la sociedad civil.

Las experiencias que se vienen implementando en varios distritos del sur peruano, demuestran que los presupuestos participativos se han convertido en mecanismos estratégicos, que permiten mayor involucramiento de la población en los asuntos públicos, es decir la participación ciudadana es considerada como capital social importante en la gestión misma del desarrollo.

c) Los procesos participativos permiten la inclusión de actores locales excluidos en la toma de decisiones, como las mujeres y las poblaciones indígenas.

En los ámbitos locales se reproduce la misma estructura nacional. La presencia de la voz de las mujeres en los Consejos de Coordinación es limitada. A nivel regional sólo el 22% de los representantes son mujeres. El número de organizaciones inscritas para participar en el reciente proceso de elección de los Consejos de Coordinación Regional ha sido de 1,118 en todo el país[11].

El balance de lo avanzado en la descentralización señala que no se ha logrado aún transformar el paradigma centralista que excluye a los grupos culturales no dominantes y que por el contrario éste se reproduce en los ámbitos regionales y locales.

La participación de los representantes de organizaciones sociales de base expresa con claridad cómo las mujeres y los jóvenes tienen mayor presencia en los espacios de sensibilización y/o capacitación y mucho menor presencia en los espacios deliberativos, donde la participación masculina sigue siendo mayor: 70%. Esto se encuentra asociado a carácter territorial del proceso del presupuesto participativo y su vinculación con convertir todo en proyectos de infraestructura urbana.

Entre los representantes de la sociedad civil predominan los actores territoriales, es decir, con intereses esencialmente de carácter local. En promedio quienes más participan son las organizaciones vecinales (36,8%) y luego encontramos a las organizaciones sociales de base como los comedores y vaso de leche (14,7%) y organizaciones educativas, entre ellas las universidades, colegios profesionales, institutos y colegios (13,8%) (MCLP, 2007).

d) Se presenta como una Escuela de Aprendizaje Compartido y se transparenta la gestión

Donde los participantes educan y son educados. En ella los ciudadanos derriban el “mito” del secreto y ocultamiento de la información y el “misterio” en la toma de decisiones, m

uchos de los Funcionarios que participan en estos espacios comprenden mejor las necesidades de la población, de manera que durante la formulación de proyectos, toman en cuenta el modo de vivencia y necesidades identificadas de la población.

Durante el Presupuesto Participativo los actores políticos y representantes sociales rotan. No participan siempre los mismos y los mecanismos de votación varían. No es evidente que se pueda dar un proceso de aprendizaje de quienes participan, pero esto puede ser tomado como una oportunidad, ya que estos conceptos son comprendidos por más cuidadazos, que participan en estos espacios de concertación.

Así mismo durante la etapa de Capacitación, se da a conocer las competencias de cada nivel de gobierno y el marco normativo que permite la ejecución de inversiones, así como los costos de funcionamiento, lo cual genera nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes en la población y por consiguiente hace que la gestión sea más trasparente en el uso de los recursos económicos.

e) Aparecen nuevos lideres

Durante el presupuesto participativo de muchas localidades, se presentan ciudadanos los cuales tienen aspiraciones Políticas, quienes con su participación, y observaciones, se dan a manifestar como futuros candidatos políticos, los cuales muchas veces, presentan alternativas, lo cual es provechoso, para la localidad.

Así mismo participan en estos espacios representantes de la sociedad civil, quienes aportan sus conocimientos técnicos.

f) Articulación de los planes de desarrollo concertados en los diferentes niveles de gobierno y con los distintos procesos de participación ciudadana para alcanzar el desarrollo de una localidad determinada.

En la práctica los planes concertados de desarrollo vienen siendo, antes que instrumentos de gestión, el nuevo pacto social que se establece en el territorio. Las visiones de desarrollo y las líneas estratégicas terminan concentrando las voluntades sobre el cómo debiera ser el territorio. Suman posiciones y todas deben verse incluidas en ella. Sin embargo, en muchos casos dista de ser un instrumento desagregado a niveles tales que incluyan los programas, proyectos e indicadores de medición que permitan un seguimiento y evaluación de los resultados, no sólo por parte de las instancias de gobierno sino de las demás instituciones existentes en el territorio, públicas o privadas. En la construcción de estos planes de desarrollo se han visto comprometidas las organizaciones sociales de base, pero han estado ausentes los que precisamente pueden ayudar a impulsar el desarrollo local como es el caso del sector empresarial. Adicionalmente, tampoco han estado presentes los representantes de los sectores que implementan acciones en el territorio como educación, salud, agricultura, entre otros. Debe sumarse además, lo difícil que resulta la articulación entre los diferentes niveles de gobierno: regional, provincial y distrital. En la mayoría de los casos existe poca articulación entre los planes distritales y regionales y en otros simplemente no existe.

g) El presupuesto participativo constituye un instrumento para la gestión de los Planes de desarrollo concertados, con el cual se garantiza el cumplimiento de los objetivos trazados.

Sin embargo, son pocos los casos donde la priorización de obras del presupuesto participativo guarda una relación estrecha con el plan concertado. La priorización casi siempre termina siendo un “listado de obras pequeñas” [12] que expresan de un lado, la búsqueda por la justicia en la distribución de los recursos y de otro lado, la débil capacidad local para expresar una visión estratégica de desarrollo.

El tema de discusión a la hora de definir las priorizaciones de los proyectos son las necesidades inmediatas: veredas, parques, locales comunales, etc. La evaluación de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador en el 2003, se centraba en los costos de mantenimiento que no estaban previstos al momento de ejecutar las obras, costos que después deben ser recargados a los escasos recursos municipales. Además, muchas de las obras que se priorizaron como parques o áreas verdes no incluyeron los costos de mantenimiento posteriores, perdiéndose incluso esa inversión.

Conclusiones:

A manera de conclusiones podemos citar algunos aspectos importantes que consideramos importante en el presente ensayo:

La participación ciudadana debe partir, en nuestro medio, de considerar nuevas formas de inclusión, consulta y movilización social con la finalidad de informar además de ejercer influencia sobre instituciones y políticas que afectan la vida de la comunidad. Para ello es necesario que la sociedad civil sea activa y comprometida, con capacidad de expresar sus demandas propiciando espacios de concertación y diálogo para la co-gestión del territorio, consolidando así la gestión del gobierno local.

El Presupuesto Participativo se convierte en un instrumento importantísimo que genera oportunidades para impulsar el desarrollo con equidad, sostenibilidad y alcanzar mejores niveles de vida del poblador, permitiendo complementar la democracia representativa con la democracia participativa. Al mismo tiempo debe permitir la renovación de los liderazgos locales y el fortalecimiento de las identidades a partir de la construcción de una visión de conjunto.

En los últimos años en el sur peruano la participación ciudadana en los presupuestos participativos han logrado importantes avances que contribuyeron a alcanzar mejoras en la calidad de vida de los pobladores de un determinado territorio con cierta madurez y que avanzan hacia mayores niveles de democratización, por lo tanto las oportunidades o los aciertos que se ha logrado alcanzar aun queda por fortalecer estos aspectos por ejemplo: la promoción del mayor involucramiento social en los asuntos públicos, esto va permitir la inclusión de los actores locales excluidos en la toma de decisiones, así mismo aparecen nuevos lideres por que en estos espacios participativos son una especie de escuela de aprendizaje compartido y se transparenta la gestión, con un enfoque articulador e integrador entre los diferentes niveles de gobierno en los distintos procesos de participación ciudadana para alcanzar el desarrollo de una localidad determinada haciendo realidad los planes de desarrollo concertadosque son la guía para lograr el bienestar de los pueblo.

No existen fórmulas mágicas o modelos estándares para desarrollar procesos de gestión participativa. Los fenómenos sociales son complejos, con avances y retrocesos. Pero debemos ser conscientes que si bien constituyen de un lado una gran oportunidad para fortalecer a nuestras débiles democracias, por otro lado, pueden convertirse en un arma de doble filo si son usados para cooptar y utilizar la participación ciudadana con otros fines.

A manera de conclusión final podemos señalar que los problemas u oportunidades encontrados pueden enfrentarse si se logra combinar el liderazgo democrático de los alcaldes; voluntad política para promover la mayor participación, cumplir con los acuerdos, una mayor capacitación de la sociedad civil, gestionar transparentemente y la eliminación de las trabas burocráticas que dificultan la participación ciudadana sobre todo ejerciendo el control social.

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[1] Formalmente surge a fines de los 80, bajo el influjo de la exitosa experiencia de Porto alegre Brasil (1989 hasta la actualidad) y en 1993 en el distrito de Limatambo, Provincia de Anta, en Cusco y en 1999 en Villa el Salvador, distrito metropolitano de Lima y en la provincia Sureña de Ilo, Son referencias del libro ”Democratizando el presupuesto publico”, Autores: Carlos Grey, Guadalupe Hinojosa y José Ventura – CARE PERU, año 2003.

[2] Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos que estableció las reglas generales para el ejercicio de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana en el Perú.

[3] Enfocándonos en nuestras experiencias profesionales y tomando en cuenta la opinión de algunos dirigentes sociales de estas tres regiones del sur peruano (Apurímac, cusco y Puno).

Análisis de un blog sobre participación ciudadana de Jimena Sánchez Velarde.

http://descentralizacionverdadera.blogspot.com/2009/07/problemas-en-los-procesos-de.html.

Tesis de Economía, UNMSM, “Experiencias significativas del presupuesto participativo que contribuyen a un mejoramiento del manejo de los recursos públicos de Héctor Jaime Castro Pérez,http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/monografias/empresa/castro_ph/castro_ph.pdf.

[4] En las tres regiones que estamos analizando existen muchas ONGs, que trabajan este tema.

[5]Existen muchas definiciones pero me parece interesante lo que plantean el libro, ”Democratizando el presupuesto publico”, Autores: Carlos Grey, Guadalupe Hinojosa y José Ventura – CARE PERU, año 2003, pág. 37.

[6] Según referencia del BID, año 2000.

[7] Análisis sobre participación ciudadana caso peruano, autora:Jimena Sánchez Velarde. Año 2009.

http://descentralizacionverdadera.blogspot.com/2009/07/problemas-en-los-procesos-de.html.

[8] Caso sur peruano, Apurímac, Cusco y Puno, son consideradas regiones de extrema pobreza y pobre.

[9] Específicamente la región Apurímac, caso provincia y distritos de Antabamba, año 2007.

[10] Cada Municipalidad colo cumple con su proceso del PP, independientemente, igual es el proceso regional. A esto se suma la poca participación de la sociedad civil en estos procesos desarticulados.

[11] Las regiones con menor participación fueron: Pasco (9), Tumbes (17), Ayacucho (19), Ucayali (19), Amazonas (22) e Ica (24).

[12] En el caso del distrito de Lurín, se ha destinado cerca de millón y medio de soles a obras de este tipo; es decir, US$ 7 per cápita, para la construcción de locales comunales multiusos, campos deportivos, enripiado, proyectos de agua y desagüe, cerco perimétrico, etc.